Diego Mendoza: “Destitución de Alfredo Ramos es inconstitucional”

el . Publicado en Ciudad Atendida

IMG 1552 2Repudio a concejales oficialistas

 

“La pretensión de celebrar una sesión cuyo punto de agenda es la destitución del alcalde Alfredo Ramos es inconstitucional. Este acto resulta visible y constituye un delito contenido en el artículo 143 del Código Penal (…) Se pretende arrebatar de su cargo a la autoridad municipal por vías distintas a las leyes”.

 

 

Así lo dio a conocer el director general de la alcaldía del municipio Iribarren, Diego Mendoza, al repudiar las acciones legales tomadas por parte de concejales y militantes del PSUV y PPT.

 

El funcionario explicó que esta semana introdujo una demanda en contra del concejal Jesús Superlano, donde señaló públicamente las actuaciones  dirigidas en contra de las instituciones municipales con pretensiones de destituir al alcalde Alfredo Ramos.

 

El titular recordó los hechos del pasado 27 de abril, aclarando que dicha demanda es causa de las acciones hostiles y violentas que desencadenaron en la alteración del orden público promovido principalmente por el concejal Superlano.

 

“El artículo 143 del Código Penal dice que serán castigados con presidio de 12 a 24 años los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando”, dijo Mendoza.

 

Comentó que el amparo constitucional en contra del alcalde va enfocado entre otras cosas a que la municipalidad haga uso de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones pacificas en la jurisdicción.

 

Asimismo indicó que la Policía Municipal de Iribarren solo realiza custodia y acompañamiento a las protestas  pacíficas en el control del tráfico vehicular. Reiteró que este cuerpo de seguridad  no tiene la capacidad de disuadirla, ya que esto por ley es competencia de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela y la Policía Estadal.

 

“Los habitantes de la Sucre interpusieron una acción de amparo constitucional en contra de la ZODI-Lara por la brutal represión de la que fueron víctimas. Hasta la fecha ni siquiera esos expedientes han sido admitidos por un juez. Son más de 12 días de retardo judicial”, expresó Mendoza.